Morelia, Mich., a 10 de diciembre de 2015.- La Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez expresó que la reforma educativa no es educativa y no solo lo ha denunciado el gremio magisterial en su intensa lucha social que los ha llevado a movilizarse, sino también se une al argumento el mismo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, que además sustenta que sólo es administrativa y laboral, concediendo con ello la razón al sector de los maestros que por meses han ahondado en ello sin que se les tome en cuente y por el contrario han sido víctimas de una campaña propagandística para enardecer el sentir social en su contra.
Fraga Gutiérrez dijo además que mientras los distintos actores sociales deberían estar discutiendo abiertamente acerca de las posibles alternativas para mejorar el rumbo educativo, “estamos secuestrados en la discusión sobre la obligada aplicación de una reforma que se decidió a puerta cerrada en el Congreso de la Unión.
Recordó entonces que no se abrieron las puertas para llevar a cabo un diálogo entre los involucrados ni se debatió seriamente al respecto. La reforma educativa, explicó, es una imposición y por lo tanto contiene una amplia serie de consecuencias nocivas tanto para maestros como padres de familia, y las manifestaciones son sólo una parte de ellas.
Brenda Fraga enunció puntualmente que a nivel nacional existe una campaña que señala a los maestros y jóvenes normalistas como los culpables de la crisis educativa a través de varios medios de comunicación señalando que muestran como una actitud desafiante las movilizaciones sociales, pero se niegan a ver la actitud gubernamental que contribuye al conflicto social y sus posturas conservadoras concluyen con facilidad que la culpa del caos en la ciudad y las afectaciones de las marchas es de los manifestantes sin mostrar la desatención del gobierno, la fatal de diálogo y oportuna solución a sus problemáticas.
Externó la diputada que la mejor conjura contra las afectaciones de las marchas y manifestaciones es la atención oportuna de la protesta social y con ello evitar una confrontación, el uso de la violencia y las consecuentes violaciones a los derechos humanos, como ocurrió con los jóvenes normalistas.
Tajante dijo que el gobierno está cometiendo un grave error al tratar a normalistas y maestros como delincuentes, desacreditando una legítima protesta social, tratándola como una comisión de delitos y acusó de tentación autoritaria para callar las voces disidentes lo que el gobierno quiere hacer pasar por legalidad y estado de derecho ante su incapacidad de brinda lo sustancial, protección a los derechos humanos, laborales y sociales.
Brenda Fraga mencionó estar de acuerdo en que las formas de protesta se deben poner a discusión y que los grupos que se manifiestan deben poner más atención en el respeto de los derechos de los demás argumentando que las protestas más legítimas son las que se ganan con la simpatía y el apoyo de la gente, “esas consideraciones deber ser parte fundamental de los debates y mesas de diálogo, sin embargo, nos negamos rotundamente a que se trate como delincuentes a quienes protestan”, finalizó.
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