¿CONGRESO VS AUTONOMÍA?

En la Ley de Ingresos del 2016, el Congreso del Estado dispuso que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en un plazo perentorio, debería de hacer una propuesta de modificación a su Ley Orgánica y el cuerpo de normas que rigen su vida interna, particularmente las relaciones con su cuerpo docente y sus empleados, sin embargo, parece que no se entendió con precisión a que se refiere la disposición del Congreso del Estado y hay voces, algunas muy autorizadas por cierto, que infieren en sus publicaciones que lo dispuesto por el Congreso, es una invasión a la esfera autonómica de la Casa de Hidalgo.
Al respecto es importante hacer algunas reflexiones, de la necesidad de la modificación del marco normativo de las relaciones entre la Universidad y sus Trabajadores, particularmente en lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones, pues desde el punto de vista de este escribidor, se hace necesario modificar el esquema actual, pero sobre todo para poder darle viabilidad financiera a la Universidad.
Para quienes no lo saben, hay que apuntar que los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, académicos y manuales, reciben en la actualidad dos percepciones por concepto de jubilación, una que la otorga la Universidad de su presupuesto cuyo monto corresponde al último salario percibido, claro con sus respectivas excepciones, pero es la generalidad y otro, que es el que por ley otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuyo importe es directamente proporcional entre el salario que la Universidad registró, que percibía el trabajador ante el IMSS, así como el número de semanas cotizadas.
Lo señalado en el párrafo anterior hace de los trabajadores universitarios, una clase de trabajadores privilegiada que los hace únicos en el universo laboral de este país, en donde los trabajadores del sector público nunca llegarían a tener esas prestaciones y por supuesto mucho menos en el sector privado.
Si bien es cierto que deberá de establecerse la constitucionalidad de lo planteado por el Congreso en relación a si es legal o no, que el Congreso le exija a la Universidad, primero, que rinda cuentas y transparente los recursos que el estado le asigna, ya sean del estado o de la federación, así como el régimen de pensiones y jubilaciones, pues, reitero, independientemente de la constitucionalidad o no de lo planteado por el Congreso, habría que reflexionar sobre la viabilidad financiera de un régimen de pensiones y jubilaciones de verdadera excepción, que se ha convertido en la carga económica que más consume presupuesto universitario después de los sueldos y salarios, aunque de seguir su crecimiento exponencial, está muy cerca de compartir la supremacía en el gasto universitario, con los sueldos y los salarios.
Por otro lado, tiene que puntualizarse que cualquier modificación que se hiciere al régimen de pensiones y jubilaciones, de ninguna manera y bajo ningún concepto, pudiera afectar a los trabajadores que actualmente estén pensionados y/o jubilados, por una simple y sencilla razón que se llama “la no retroactividad de una ley”, principio jurídico que protege a los trabajadores en esas condiciones, que las modificaciones, de darse, solo afectarán a los nuevos trabajadores de la universidad, ya sean académicos o manuales, pero nunca a los que actualmente prestan sus servicios o que están en situación de pensión y/o jubilación.
Lo anteriormente anotado, nos debe llevar a una profunda reflexión, con racionalidad y sin radicalismos, sobre todo evitando las posiciones del “todo o nada”, para que se convoque a una verdadera consulta entre los universitarios, pero particularmente entre los sectores involucrados y/o afectados, como lo son los trabajadores académicos y/o manuales, pues de lo contrario, todo parece indicar que las posiciones gremiales se radicalizarán y se enfrentarán a las del congreso del estado, en donde también los legisladores –algunos- están a la tesitura de no otorgar mayores recursos a la universidad, si esta no modifica su marco normativo y señores, la polarización de estos puntos de vista, puede arrastrar a la Casa de Hidalgo a la calle como refugio de su protesta, ante el choque de posiciones con el legislativo, pues ya vimos que en su interior, hay grupos a quienes lo académico no les importa paralizando más de tres meses la actividad académica en aras de intereses ominosos y mezquinos.

EN EL TRASNPORTE, AVECINA TORMENTA

Por si algo nos faltara de la crisis que nuestro estado está viviendo en varios de sus sectores, al igual que en la Universidad Michoacana, la autorización por parte del Congreso del Estado del presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos para el próximo año 2017, presagia tormenta en el sector transporte.
De acuerdo a la propuesta enviada por el gobierno del estado al poder legislativo, en la nueva Ley de Ingresos para este 2017, en lo que se refiere a transporte público, se tiene contemplado un aumento de entre el 10% y el 20% en el pago de los derechos por “revalidación”, “cambio de modalidad” y “cambio de titular y/o propietario”. Asimismo, la propuesta gubernamental contempla el cobro del 2% sobre el monto que los transportistas cobren por la publicidad que portan en sus unidades; de igual manera la Nueva Ley de Ingresos propone un nuevo requisito para la realización de diversos trámites vehiculares y este nuevo requisito, es la expedición de un “certificado de no infracción” pero ahora expedido por la COCOTRA y finalmente la nueva Ley de Ingresos para el 2017 propone el cobro de un derecho por concepto de “revista mecánica”.
Hasta este momento los diversos “lideres” del transporte, oficiales y de oposición, han manifestado su abierto rechazo a los nuevos conceptos de cobro señalados en la propuesta de Ley de Ingresos, pues lo consideran simples medidas recaudatorias.
En los corrillos del transporte público como en el legislativo, se corre la especie de que dichos conceptos recaudatorios, no tienen significación por su mínima y pobre aportación al erario estatal, pues entre todos los conceptos citados, la recaudación no sería mayor a los 10 millones de pesos en su totalidad y por el contrario, estaría sirviendo de pretexto para que los liderazgos del transporte público sigan obteniendo cuotas de impunidad, pues es seguro como ya está ocurriendo, que las pretensiones recaudatorias del gobierno del estado, se convertirán en moneda de cambio para obtener otro tipo de canonjías, pues reiteramos, que los transportistas, particularmente sus liderazgos, son “contreras”, es decir, están en contra de todo aquello que les implique esfuerzo, respeto por la ley y no se diga aportaciones vía impuestos o derechos, pero no ofrecen nada, absolutamente nada a cambio, bueno, ni siquiera hacen la finta de ofrecer que se someterán voluntariamente al cumplimiento del reglamento de tránsito, pues saben y son conscientes, de su responsabilidad en la gran crisis del tráfico vehicular, pues ya lo hemos dicho, suben y bajan pasaje donde se les pega la gana, no respetan las señales de tránsito, circulan indistintamente o con exceso de velocidad o a muy baja velocidad entre otras cosas, con lo que contribuyen en una gran parte al caos del tránsito vehicular.

RUMOR

Ya que estamos hablando del transporte público, permítanme comentarles lo que se dice en la comunidad del transporte, en la que se afirma que el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA, ya tiene en su escritorio terminados dos proyectos que incidirán en el transporte público.
El primero de ellos, consiste en la introducción de camiones de 41 pasajeros, pero no ha quedado claro si lo hará en sustitución de las unidades denominadas “combis” o se refiere a nuevas concesiones. El segundo de los proyectos es la instalación de pantallas de televisión en el interior de las unidades de transporte, en donde se proyectaría algún entretenimiento para el pasajero, mismo que iría acompañado de una alta dosis de publicidad comercial.
Hay otros dirigentes que están más concentrados en buscar mecanismos que permitan abaratar el transporte, como es la instalación de los sistemas para el consumo automotriz del gas natural, lo que permitiría un ahorro cercano al 50% de lo que actualmente se gasta en gasolina, sin embargo, el costo de los equipos está obligando a los transportistas a buscar subsidios en los gobierno federal y estatal y en las propias empresas distribuidoras y comercializadoras del gas natural.

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