En reunión de trabajo, los diputados Eleazar Aparicio Tercero, Salomón F. Rosales Reyes y Sarbelio Molina Vélez acordaron instalar en próximos días una mesa técnica integrada por asesores parlamentarios, para trabajar en la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), la cual fue creada mediante decreto en el 2006, con el fin de fortalecer las opciones de equidad para el desarrollo de todos los michoacanos, ofreciendo educación superior de calidad, en particular en regiones con presencia de población indígena que presentan mayor dificultad para el acceso a instituciones de educación superior.

 

En dicha reunión, también analizarán, en coordinación con la Comisión de Pueblos Indígenas, la posibilidad de realizar un exhorto al titular del Ejecutivo Estatal, con el fin de derogar la reforma al decreto de creación de la UIIM, publicada en el Periódico Oficial el pasado 18 de marzo.

 

Lo anterior, derivado de las demandas y exigencias recibidas de profesionistas, docentes, académicos y comuneros quienes exigen se derogue dichas reformas en materia indígena.

 

Principalmente destacan, la reforma realizada al artículo 14, Fracción II, que señala que el Rector nombrado por el Ejecutivo deberá tener como mínimo 25 años al día de su nombramiento. Anteriormente, el decreto señalaba que el Rector de la UIIM debería tener 30 años de edad.

 

Los integrantes de la Comisión analizaron también la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado, presentada por el diputado Pedro del Río Aguilar, y la cual tiene como propósito promover la potencialización del servicio social bajo la dirección del Gobierno del Estado en estrecha vinculación con la iniciativa social y privada,  y sobre todo con los sectores productivos aún con fines de lucro, estableciendo claramente entre sus fines consolidar la formación académica y la capacitación profesional.

Al referir que la citada Ley no ha sido actualizada desde 1953, fecha en que se publicó, destacaron que la propuesta propone ampliar el rango de aplicación de la Ley Estatal en la materia a todas las profesiones que se incluyan en los planes de estudios de las instituciones educativas, independientemente de su denominación.

 

Además, se propone que el servicio social tenga la posibilidad de ser retribuido y que aquellos estudiantes que se encuentren trabajando en una actividad vinculada directamente con sus estudios profesionales sean exceptuados de cubrir el servicio social.

 

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