*FATAL ACCIDENTE, MUEREN PILOTOS Y FUNCIONARIOS. *NO A LA ESPECULACIÓN, ESPEREMOS LOS PERITAJES: SILVANO.

La mañana de este miércoles 24 de julio, un helicóptero, cuya propiedad no se ha aclarado debidamente, cayó a tierra de manera violenta, provocando la muerte de los pilotos HUMBERTO SUÁREZ y ARTURO DUCLOUX, así como el secretario de seguridad pública del estado JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO y el director del recién desaparecido seguro popular GERMAN ORTEGA.

Es en esa lamentable tesitura, que Grupo Con Lupa lamenta las pérdidas humanas en el siniestro de referencia y expresa su solidaridad con amigos y familiares de las personas fallecidas en tan lamentable accidente y ruega al todo poderoso por que sus familiares logren pronta resignación.

En efecto, evidentemente consternado por los sucesos, el titular del poder ejecutivo del estado SILVANO AUREOLES CONEJO emitió un mensaje a los habitantes del estado, en el que informo someras circunstancias del fatal accidente, sus condolencias por la pérdida de sus funcionario y amigos y pidió enérgicamente que no se dieran las especulaciones sobre las causas del accidente, sino que se esperara a que se hicieran los peritajes correspondientes.

Sin embargo, habrá que apuntar que es la propia autoridad la que empuja a la especulación, pues, por ejemplo, ni siquiera proporciona en sus boletines los nombres completos de los pilotos fallecidos, todo se concentra en los funcionarios del gobierno estatal, de igual manera, no establece con claridad el tipo de helicóptero siniestrado.

Tan es así, que han circulado dos versiones sobre la identificación de la aeronave, pues por un lado se afirma que se trata de un helicóptero adscrito a la secretaría de seguridad pública estatal con matrícula XB-PQH, empero, la otra versión indica que se trató de un helicóptero propiedad de la empresa Aerotour La Viña, matrícula XA-VRG, del empresario VALENTIN RODRIGUEZ.

Como puede ver señor gobernador, es la propia desinformación generada desde el interior de su administración, la que da lugar a especulaciones indeseables, pues a pesar de dolor y la confusión que pudiera generar la pérdida lamentable de 4 servidores públicos, la serenidad debe de perdurar y más la información que se genere, debe ser precisa y concisa.

La seguridad pública, hasta ahora, ha sido el talón de Aquiles de los diferentes niveles de gobierno, de ahí que la ausencia definitiva del titular de la secretaría de seguridad pública del estado, sea considerada como de suma gravedad y de urgente resolución, sin que la atención a este rubro sea considerada como especulación desleal y perversa.

Para nadie ha pasado desapercibido que el ahora fallecido diseñó una estrategia más de inteligencia que de confrontación, sin embargo, algunos de sus subalternos confundieron la “inteligencia” con la “concertación” con ciertos grupos antisociales y con personajes que se asumen como “justicieros sociales”.

De no resolverse con la oportunidad debida este tema, a pesar de la tristeza que significa la perdida de 4 personas estimadas, la seguridad pública puede descomponerse más de lo debido, pues “tratos” y “amarres” hechos por el fallecido y sus alternos, tal vez no sea ratificados y eso cause zozobra en esos grupos y dicha zozobra, se manifieste en mayores índices de inseguridad en la población.

En algunos círculos políticos y policiacos, se especula sobre algunos nombres de quienes pudieran sustituir al fallecido GODODY CASTRO, entre ellos, al general de brigada, diplomado de estado mayor y ex comandante de la XXI Zona Militar JOSÉ FRANCISCO MORALES CÁZAREZ; el Coordinador General de Fiscalías Regionales ISRAEL PATRÓN REYES, el actual sub secretario de seguridad pública RICARDO DELGADO CASTELLANOS y aunque usted no lo crea, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO.

Aunque salió por la puerta de atrás, en contra de su voluntad, creo que es el momento de reivindicar a CARLOS GÓMEZ ARRIETA, quien no está impedido por la ley para ocupar el cargo de secretario, sobre todo, por que al acudir al llamado de la Fiscalía General de la República a resultas de un viejo video que recirculó en los últimos días, lo hizo y lo sigue haciendo, pero en calidad de “testigo” y no de indiciado.

Es muy pronto para que los controles que GÓMEZ ARRIETA armó en su estancia como sub secretario de seguridad pública se hayan desarticulado, de ahí que sí alguien en este momento sería solución y no permitiría que las cosas se salieran de orden, sería CARLOS GÓMEZ ARRIETA, el que seguramente estaría en la disposición de asumir el cargo si el gobernador se lo pidiera.

¿Y qué esperaban? En serio, no sé qué clase de abogados asesoraron a los municipios de Tijuana y Mexicali Baja California, pues a inicio de semana presentaron sedas controversias constitucionales en contra del decreto del congreso del estado de Baja California, que aumentó de 2 a 5 años el periodo de gobierno del gobernador electo JAIME BONILLA, decreto también conocido como “LEY BONILLA”.

Como se recordará, el congreso del estado de Baja California, con mayoría panista, aprobó derogar el artículo 8 transitorio en que se establece que, por única vez, el gobernador electo lo haría por el término de 2 años, para que en su lugar, ejerciera el cargo por 5 años, dicho decreto, fue aprobado por mayoría en sesión solemne el pasado 8 de julio del presente año.

Así las cosas, los municipios de Tijuana y Mexicali presentaron sus respectivas controversias constitucionales ante la “Comisión de Receso” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se encuentra en periodo vacacional, integrada por los ministros YASMÍN ESQUIVEL MOSSA y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, los que, sin titubear, desecharon tales controversias, por “notoriamente improcedentes”.

Y es que señores, a los abogados se les pasó que dicho decreto no ha sido publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Baja California, pues el titular del poder ejecutivo de ese estado se ha negado y habrá que esperar de acuerdo a la constitución de ese estado 35 días para que el congreso del estado pueda ordenar por mutuo propio, su publicación, así que, por no estar firme dicho decreto, la corte dijo no.