Morelia, Mich., a 08 de noviembre de 2015.- La Diputada Local, Brenda Fraga Gutiérrez expresó un pronunciamiento ante la represión del gobierno en contra de estudiantes  normalistas y comuneros al que catalogó como intransigente que con tal hecho demostró una grave debilidad para mantener una vía abierta en torno al diálogo, una incapacidad para fortalecerse  en la lucha legítima de argumentos y consolidar consensos.

Fraga Gutiérrez dijo que reprimir muestra la incapacidad de convencer y por tal motivo es preocupante y grave lo ocurrido, que de acuerdo a lo afirmado por los estudiantes normalistas mediante un boletín, la agresión policial se llevó a cabo en el momento en el cual se tenía una negociación que implicaba  la entrega de las unidades retenidas.

La diputada petista mencionó que de acuerdo a sus datos, la agresión policiaca se cernió sobre los jóvenes sin ninguna advertencia y las muestras de brutalidad por parte de los elementos son visibles a través de múltiples imágenes y videos compartidos por las redes sociales. “Comprendemos, aunque no compartimos la postura del gobernador, Silvano Aureoles con respecto a la Reforma Educativa y vemos con igual preocupación su obsesión por imponerla de manera tajante”, reiteró.

Explicó Fraga Gutiérrez que dicha reforma mal llamada educativa ha tenido como pilar fundamental la desacreditación social del magisterio y los normalistas como una manera burda de justificar las medidas hechas para intimidarlos y someterlos a los designios intransigentes e irracionales que dicta el gobierno federal.

Reiteró que no ha habido un solo foro gubernamental o de medios de comunicación se ha abierto un debate serio, sistemático e incluyente acerca de las posturas en torno al tema y mencionó que tanto en medios de comunicación como en foros se escucha solamente el supuesto hartazgo de los maestros y normalistas como una suposición del sentir de los ciudadanos y eso no es información ni debate, sino propaganda.

Brenda Fraga, reiteró que la reforma no ha puesto el acento en las principales problemáticas del sistema educativo como la adecuación de los planes y programas de estudio a las necesidades reales y contextualizadas de niños y jóvenes; las condiciones sociales y de infraestructura en que se imparte la educación en nuestro estado; la necesidad de una auténtica participación de los Padres de Familia en los procesos educativos; la suficiente cobertura, especialmente en los niveles medio superior y superior; la incorporación de los jóvenes profesionista al campo laboral del estado.

Dijo que no es válido ante este escenario, satanizar a los jóvenes  que sólo buscan la manera de tener empleo y aplicar lo aprendido  para servir a la comunidad educativa, por lo tanto, no se puede culpar a los jóvenes por una crisis económica prolongada que hace ver un trabajo digno como un privilegio y no como un derecho como debería ser.

Denunció Fraga Gutiérrez que dentro de las negociaciones, se atiende con un criterio autoritario, cuando se les condiciona sólo si se subordinan a la cuestionada evaluación educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que de antemano ya van por igual maestros y normalistas como objetos a transformar pues de antemano ya son “malos” hasta que demuestren lo contrario. Una evaluación que dicho sea de paso es amenazante, hecha al vapor y cuestionada por los expertos que la han analizado.

La legisladora oriunda de Uruapan, expresó que es preocupante que el gobierno del estado caiga en el simplismo irreductible y violento del gobierno federal que ha culpado a maestros y normalistas de la crisis educativa en el estado y el país y ha puesto como único camino de solución someterlos como condición de mejora.

Invitó la diputada a que el gobierno estatal deje de lado toda tentación de arrogancia y obsesión por el control de los actores sociales en el estado y se comprometa seriamente a un diálogo abierto y amplio. Por otro lado, también expresó que es necesario poner a discusión las formas de lucha y protesta de jóvenes, pero eso sólo se puede lograr en un ambiente de respeto mutuo y disposición al debate y agregó que es el gobierno estatal quien debe poner la muestra.

“No se está tratando con un delito del fuero común, sino con una protesta social legítima, cuyas formas pueden estar a debate, pero sin duda no se debe criminalizar ni reprimir”, finalizó.

 

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