La lucha por la igualdad de género, no debe ser vista como un asunto que compete sólo a las mujeres, pues la justicia es un deber tanto de mujeres como de hombres, subrayó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Nalleli Pedraza Huerta.
“En la medida en que hombres y mujeres entendamos la importancia de establecer relaciones de igualdad, entenderemos que la justicia emana a partir de nuestras relaciones personales, de la manera en que concebimos al mundo, y nos relacionamos como géneros”.
La legisladora recordó que históricamente el Partido de la Revolución Democrática ha asumido como propia la lucha por erradicar las formas de violencia a las mujeres, así como la batalla por alcanzar la equidad de género.
Reconoció que culturalmente existen dificultades no sólo para que muchos hombres asuman una condición de igualdad de las mujeres, sino también para que las propias mujeres entiendan que la defensa de sus derechos no es una canonjía o dádiva, sino una forma de construir un mundo basado en la justicia.
Pedraza Huerta refirió que falta mucho camino por andar, sobre todo al revisar las estadísticas que evidencian como una cotidianidad la violencia a las mujeres tanto en lo familiar, como en lo social y lo laboral.
“La discriminación sigue siendo un enorme talón de Aquiles en nuestras relaciones humanas, esto se refleja en el quehacer social, en donde al 65.3 por ciento de las michoacanas que laboran se les paga menos que a un varón que hace lo mismo.
“Esta discriminación se ejemplifica con la propia percepción que las mujeres tienen de las oportunidades con que cuentan respecto a los hombres, es significativo ver como más de la mitad de las mujeres, un 55.4 por ciento consideran más difícil lograr un ascenso en sus trabajos que un varón”.
La diputada perredista apuntó que la percepción femenina parte de una realidad cotidiana, no en balde el 38.4 por ciento de las mujeres michoacanas que trabajan dicen contar con menos prestaciones que los hombres, mientras que al 21.3 las despidieron, no las contrataron, o les bajaron el sueldo debido a su edad o estado civil, en tanto que al 19.2 por ciento les pidieron la prueba de embarazo.
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