A promover acciones que reivindiquen los derechos de las trabajadoras del hogar, exhortó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIII Legislatura Local, Nalleli Pedraza Huerta, tras referir de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2013, de esos 2.3 millones de personas en el país que se dedican a estas actividades, sólo el 19.53 por ciento se encontraban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo anterior, adelantó que presentará ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para cerrar filas a favor de este sector.  “No podemos permitir que la informalidad del trabajo doméstico carcoma las estructuras sociales del país, afecte a la economía de las familias más desfavorecidas y mantenga a un importante segmento de la sociedad en una constante situación de marginación”.

Recordó que desde hace 28 años se conmemora cada 30 de marzo como el día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, “sí: trabajadoras del hogar, no sirvientas, no chachas, no servidumbre”.

Nalleli Pedraza recalcó que en el pleno de la LXXIII Legislatura en la próxima sesión hará un reconocimiento al trabajo realizado por las personas trabajadoras del hogar, en su gran mayoría mujeres.

Asimismo se hará un llamado a los órganos de gobierno competentes para que hagan las gestiones necesarias para que México ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo y den una herramienta más para evitar la discriminación que sufren las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó,  que estas actividades se han convertido en un fenómeno principalmente de mujeres, puesto que según el INEGI, de los 2.3 millones de personas se dedican a desarrollar trabajos domésticos remunerados, el 91 por ciento son mujeres.

Para la diputada local el trabajo doméstico debe desempeñarse en el marco de una relación formal de trabajo, sin embargo, actualmente las labores que ellas realizan que son lavar, planchar, hacer el aseo de hogares ajenos, atender menores o adultos mayores, todo lo que implica el mantenimiento de un hogar, para muchas personas no es considerado trabajo.

“Y precisamente de esta equivocada percepción es que seguimos utilizando términos discriminatorios como sirvientas, chachas, servidumbre, por la errada percepción de que existe diferencia entre el patrón y la trabajadora”.

Para la mayoría de estas personas no existen los derechos laborales. Lo que sí existe son largas jornadas de trabajo, maltratos, bajos salarios, marginación y falta de atención a su salud. Y siguen latentes los casos en que estas trabajadoras son sujetas a vejaciones, humillaciones, maltrato, acoso y abuso sexual, tratos denigrantes, que en ocasiones deben ser soportados bajo amenazas de despido, falsas acusaciones de robo, entre otras intimidaciones.

“Pero el abuso cometido en contra de las trabajadoras del hogar no se limita a los tratos que reciben de sus patrones, desde el seno del Gobierno Federal y de las autoridades laborales se ejerce una intolerable actitud de discriminación a este sector”. Ejemplo de esto es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene la obligación de establecerlo para este sector, jamás lo ha hecho.

Otro caso es la propia Ley Federal del Trabajo, que aunque establece que las trabajadoras del hogar tienen derecho a salario, descanso, alimentación y realizar sus labores en un lugar higiénico, las excluye del derecho a la vivienda, reinstalación laboral, seguridad social, o negociación colectiva, y según la Ley General de Salud sólo pueden estar inscritas en el régimen voluntario, y cubrir sus propias cuotas obrero- patronales, al igual que quedan excluidas del derecho a guardería o prestaciones sociales, como la pensión.

Finalmente Nalleli Pedraza, recordó que en atención a estas problemáticas es que nació el convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo, que busca establecer un parámetro para los países parte que marque una serie de derechos y principios en cuanto al trabajo doméstico, sin embargo, México, no ha ratificado este instrumento internacional, tal como sucede con diversos tratados que vendrían a trasformar la realidad de violación de derechos humanos en el país.

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