Con Lupa

Como lo anunciamos hace un par de semanas, este lunes tomó posesión de la titularidad de la secretaría de salud en Michoacán, la doctora DIANA CELIA CARPIO RÍOS, quien apenas el pasado 13 de octubre del 2017, renunció al cargo de directora de Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) o mejor conocido como Seguro Popular en Michoacán.

En el curriculum oficial se destaca que es Maestra en Salud Pública con Área de Concentración en Epidemiología. Con experiencia y expertice en las áreas de Administración Hospitalaria, Salud Pública y Seguro Popular. Ha ocupado puestos en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Michoacán, como Subdirectora de Servicios Médicos, Subdirectora de Epidemiología y como Directora General en el Hospital de la Mujer en el Estado de Tlaxcala.

Anteriormente, se desempeñó como Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de los Estados de Tlaxcala y Michoacán, respectivamente; según fuentes oficiales, CARPIO RÍOS se distinguió como una eficaz gestora de recursos para el sector salud del estado, los que no fueron suficientes para evitar conflictos al interior de la secretaría y la escasez de medicamentos en clínicas y hospitales del sector.

De acuerdo a una llamada telefónica realizada por la dirigente del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán (STDSSM) GUADALUPE PICHARDO ESCOBEDO, al encargado del despacho de la secretaría de salud en Michoacán y que dimos a conocer en nuestro programa de radio “La Pedrada”, su organización sindical y otras más, realizarían “tomas” de instalaciones de hacerse efectivo del nombramiento de la doctora DIANA CELIA CARPIO RÍOS.

De dicha llamada telefónica se desprende que PICHARDO ESCOBEDO hizo la amenaza de tales “tomas”, a nombre de varias organizaciones sindicales, incluida la que ella encabeza, empero, consultados un par de dirigentes de otros sindicatos de trabajadores que prestan sus servicios en dicha secretaría, negaron ser parte del “movimiento” en contra de CARPIO RÍOS, de manera que de realizarse tales “tomas” las haría solo la organización de GUADALUPE PICHARDO.

El “beneficio de la duda” debe ser la actitud de la sociedad y los trabajadores de salud, duda que será despejada en pocos días, pues no se necesita mucho para hacerse notar en el mejoramiento de los servicios de salud, abasto de medicamentos y equipo, para lo que contamos con un luchador social como el doctor FRANCISCO DEL TORO LUGO, quien seguramente nos informará con oportunidad, sí se resuelve el problema, se queda igual o empeora.

De verdad que ya llevamos varias semanas en que los candidatos a senadores y diputado federal iniciaron sus respectivas campañas y hasta el momento no conocemos sus propuestas concretas, solo han planteado generalidades, pues por ejemplo la operación del llamado “seguro popular” es una super piedra en el zapato del sector salud, pues siendo un seguro de gastos médicos como cualquiera, no funciona como tal.

En efecto, de acuerdo a las reglas de operación del seguro popular o como oficialmente se llama Régimen Estatal de Protección Social en Salud, cuando un derechohabiente requiere de dicho seguro, puede adquirir los servicios médicos de cualquier institución que los oferte, que esté certificada y que acepte las tarifas determinadas por el seguro, dentro del cuadro de padecimientos con cobertura.

Lo anterior no se cumple, pues los gobiernos de los estados obligan a los directores del seguro popular, a que solo consuman los servicios de salud que presta el propio estado a través de su red de clínicas y hospitales, pero lo que agrava la situación, es que el seguro popular no le paga a la mayoría de estado del país con dinero contante y sonante, sino solo una parte, la otra, la paga en especie, es decir, en equipo, mobiliarios, vehículos y medicamentos, lo que limita la capacidad de reposición de los materiales y medicamentos gastados en la atención de los pacientes.

Un ejemplo de lo afirmado, fue la entrega de más de 100 ambulancias a nuestro estado que se distribuyeron a los municipios de la entidad, cuyo costo, si hubiese sido entregado en efectivo, en lugar de las ambulancias, se hubiera resuelto muchísimas carencias, porque, además, hay que señalar que dentro de las obligaciones de los ayuntamientos no es otorgar servicios de salud, por lo que las ambulancias tendrán un uso ajeno a su función.

La obligación del seguro popular, es pagar con dinero el costo de los servicios de salud prestados a sus derechohabientes, pero no en especie, sino en dinero contante y sonante, pues es responsabilidad del prestador de los servicios médicos, certificarse y para lograrlo, tener el personal, equipo y medicamentos necesarios.

Es precisamente el anterior señalamiento, el que reclama la actuación de los legisladores, tanto diputados como senadores, para corregir las reglas de operación del seguro popular y evitar que sus recursos sean desviados o que el pago de los servicios médicos demandados por sus derechohabientes, sean pagados en especie, lo que infiere un proceso de corrupción en la compra de insumos, equipo y vehículos.

Por supuesto que un sistema de libre competencia entre las instituciones que prestan servicios de salud en el país, públicos y privados, con tarifas o tabuladores de servicios homogéneos, permitiría que dichas instituciones se preocuparan por tener el personal médico, el equipo y los medicamentos necesarios para prestar el servicio, lo contrario, haría que el derechohabiente fuera con el mejor.

Que el seguro popular, funcionara como lo que es, un seguro de gastos médicos, de cobertura amplia o limitada, lo ideal sería que fuera ilimitada en los tipos de padecimientos, es decir, de cobertura amplia y que el seguro pague al prestador de servicios médicos directamente, sin intermediarios, los servicios prestados y finalmente, que quien dirija al seguro popular no lo nombre el gobernador en turno, para que tenga la independencia necesaria para exigir un alto nivel en la prestación de los servicios médicos.

Todo lo anteriormente señalado, sería solo una de las propuestas que deberían tener en su “cartera” los candidatos, pues la normatividad en materia de salud, les corresponde a los legisladores federales, empero, reitero, hasta el momento no he leído alguna propuesta de la generalidad de candidatos, pues hacen propuestas genéricas, pero no dicen el como y “ahí está el detalle”.

Pues se fue de la titularidad de la Secretaría de Contraloría Estatal (Secoem) SILVIA ESTRADA ESQUIVEL, para ocupar una candidatura plurinominal a diputada local, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, empero, se fue y nada dijo de las publicitadas con bombo y platillo, 10 denuncias penales en contra de exfuncionarios de la administración pública estatal, entre ellas, la del mini diputado federal FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA.

De igual manera, a mediados de enero del presente año, SILVIA ESTRADA ESQUIVEL señaló que las denuncias penales, son entre otros, en contra de dos exmandatarios estatales y exfuncionarios de primero y segundo nivel, fueron presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En declaraciones a los medios, la en ese entonces secretaria de la Contraloría, SILVIA ESTRADA ESQUIVEL, detalló que se detectaron irregularidades en rubros como la falta de pago en el fondo de aportaciones de pensionados, en donde el daño patrimonial asciende a 92 millones 155 mil pesos. Asimismo, se detectó un faltante de mil 590 millones de pesos en el Instituto de la Vivienda, además de que se certificó la falta de pago de participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones, con daños a los municipios por el orden de los 247 millones de pesos y al erario público estatal por 96 millones 807 mil pesos.

En el desglose de las irregularidades, la funcionaria estatal dio a conocer que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos para el Régimen de Protección Social en Salud, sin embargo, ya se fue de la titularidad de esa dependencia y no dejó en claro si ha habido avances en las denuncias o ya le dieron el clásico carpetazo.