Morelia; Michoacán, 1 de agosto de 2018.- En México es apremiante que se impulsen políticas públicas que garanticen un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Ángel Cedillo Hernández.

“Ante las necesidades actuales, resulta impostergable que se impulse un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad”.

Por lo anterior el legislador por el Distrito de Uruapan Norte dijo que es necesario que en nuestro país se establezca una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Además indicó que se debe establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación de empleos dignos y bien remunerados.

Ángel Cedillo mencionó que mientras no se ejerza una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo plazos, no se logrará revertir la situación actual y menos atender las demandas del pueblo mexicano en la materia.

Aunado a lo anterior subrayó que se requiere el establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y el desarrollo económico, en el que se establezca firmemente el desarrollo regional como humano, además de atacar las causas estructurales de la pobreza, estableciendo acciones que den resultados efectivos.

Para ello indicó que se debe establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo nacional, en el que se debe considerar también el consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.

Mencionó que es necesario en el país el reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras, aunado a que se deben establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.